Necesidad de una policía confiable

Los lamentables episodios en que policías se vuelcan al delito requieren una rápida acción judicial y el debido castigo
Ha habido en los últimos tiempos diversos episodios vinculados con irregularidades, de mayor o menor gravedad, de las que ha sido imputado personal policial en diferentes jurisdicciones del país. Cuando eso ocurre, el problema es por naturaleza serio: la policía constituye la representación física y armada del monopolio de la fuerza dispuesto por la ley.

Así lo requiere la preservación del orden público, sin el cual la libertad, la integridad física de los habitantes y la propiedad, pública y privada, corren el riesgo de convertirse en meras abstracciones. Nadie, absolutamente nadie, puede pretender que se dispute a los organismos de seguridad interna aquel monopolio.

Desde luego que añoramos la policía del pasado, la que recorría las calles de la jurisdicción que se le había asignado y sus efectivos eran reconocidos por el vecindario. Eran el vivo reflejo de lo que señalábamos: brazo armado, pero amistoso y protector, de la sociedad que lo organizaba, lo instruía y sustentaba, no sólo en defensa de la seguridad común, sino como amparo exclusivo e inmediato de los ciudadanos frente a la delincuencia en cualquiera de sus modalidades, incluso de aquellas que se camuflan con ropajes políticos.

Tampoco los malhechores arrastraban en el pasado el lastre pesado que grava en la actualidad a la sociedad en su conjunto. Crímenes a mansalva, en calles y rutas, o a las puertas de las casas, tanto como en el interior de éstas. Violación de mujeres y violación de espacios cerrados, como las urbanizaciones que habían crecido hasta aquí con el carácter de infranqueables vallas para los actos destinados al saqueo y el ejercicio de la violencia ilegal.

En suma, un cuadro penoso y en agravamiento, mientras las autoridades del Estado nacional y de no pocas provincias carecen de la eficacia indispensable a pesar de los medios de que disponen.

De modo que si a ese cuadro fatal, en el que la vida de los ciudadanos poco vale -nada se diga de los bienes o del honor, a los que por igual ampara la Constitución nacional-, se agregan fisuras inadmisibles en las filas policiales, la indefensión pasa a ser, sin dudas, el tema más acuciante en la República. ¿Alguien pretende que la nota dominante deba ser un resignado e impotente cruzarse de brazos?

Por lo pronto, la ciudadanía no puede menos que consolidar, en medio de los reclamos que se formulen por la seguridad degradada, su confianza en las instituciones policiales. Estos han perdido, para colmo, un número asombroso de efectivos en enfrentamientos con la delincuencia en los últimos años.

Lamentables hechos de resonancia reciente están, entretanto, requeridos de pronta resolución. Las acusaciones, por ejemplo, contra el personal de la comisaría 24», respecto de que algunos de sus efectivos habrían brindado protección a vendedores de drogas y a los "trapitos", potenciados muchas veces en asociaciones mafiosas que se apoderan a su antojo de las calles. O saber qué ha ocurrido, al fin, con el oficial que en Mendoza utilizaba un helicóptero de la repartición para vuelos particulares. O, algo más cerca de aquí, en territorio bonaerense, cuál ha sido el camino seguido por la denuncia de un comisario de Dolores, que acusó a dos subordinados de ser proveedores de drogas, demanda rechazada por el juez de garantías de esa ciudad.

La lista de casos es mucho más amplia, por cierto, pero no se podría omitir el interés que ha suscitado la denuncia de un juez de instrucción, de acuerdo con la cual fue interceptado en Villa Lugano por un grupo policial y, supuestamente, amenazado de muerte.

La sociedad debe afirmar la vieja conciencia de que en las instituciones policiales, como en cualquier otro ámbito de la sociedad, la mayoría está constituida por hombres y mujeres honrados que en su caso, además, juegan la propia vida en defensa de los semejantes. En cambio, la minoría dispuesta a traicionar responsabilidades e ideales debe saber que le espera el destino que marca la ley y que éste no puede ser resuelto sin el conocimiento de la opinión pública.

De lo contrario, será el cuerpo policial en cuyas filas ha actuado el infiel servidor el que pagará el precio que significa ver mermada la confianza y el afecto públicos.