La Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (Caesi) se reunió ayer con el ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, para continuar las tratativas que ya se habían iniciado con el ex ministro Carlos Stornelli sobre la seguridad en los countries.
"La idea es profundizar la acción conjunta entre la seguridad pública y la privada. Estamos avanzando en una serie de medidas que incumben fundamentalmente a los countries", dijo el presidente de Caesi, Aquiles Gorini, a lanacion.com .
De la reunión también participaron el Subsecretario de Planificación Estratégica de la cartera de Seguridad y Justicia, Guido Lorenzino, y el Jefe de la Policía bonaerense, Juan Carlos Paggi.
Entre otras cosas, se convino "unificar criterios para la fiscalización y regularización" del funcionamiento de las agencias de seguridad privada y su personal. "Esto significa revisar los antecedentes, la capacitación y la situación laboral de las personas registradas como vigiladores", explicó Lorenzino.
Las conversaciones se dan en el marco del incremento de los robos en barrios cerrados en lo que va del 2010. En la provincia de Buenos Aires hay unos 540 countries, en los que se registran entre 30 y 40 robos por año.
Un principio de acuerdo ya se había planteado en marzo pasado, luego de un raid de asaltos en countries que ocurrieron en menos de 90 horas, uno de los cuales sucedió en Isla del Sol, en Tigre, la urbanización donde vive el intendente de ese partido, Sergio Massa.
Entre los puntos que se trataron en una reunión realizada entre Stornelli, Caesi y la Federaciones de Clubes de Campo (FCC) se habló de la instalación de botones de pánico en todas las guardias, que conecten directamente con la comisaría de la zona correspondiente.
Con este dispositivo, se facilitaría el acceso de la policía a los barrios privados ante la denuncia de un posible delito. Según estiman desde Caesi, ya hay un 35 por ciento de estas urbanizaciones que cuentan con el botón de emergencia. "Estamos avanzando rápidamente para que todos los countries cuya seguridad esté en manos de las empresas agrupadas en la Cámara cumplan con esta normativa", indicó Gorini.
La resolución que dispone que las agencias de seguridad instalen el botón antipánico fue publicada en el Boletín Oficial en marzo. A partir de allí, los barrios privados tenían 30 días para realizar la instalación, aunque la medida fue prorrogada y el límite se extendió por 30 días más.
También se había planteado fijar la cantidad de vigiladores que requieran los countries según su superficie y la cantidad de casas. "La semana que viene habrá una nueva reunión, esta vez con la gente de la FCC, para tratar la posibilidad de una categorización de los barrios privados de acuerdo a su tamaño", explicó Gorini.
Por otra parte, también se habló de efectuar calificaciones en emprendimientos urbanísticos en cuanto a su sistema de seguridad y de realizar inspecciones operativas.
En cuanto a las perspectivas a corto plazo, Gorini sostuvo que "es una señal positiva" que se estén llevando a cabo estas reuniones con el Ministerio. "De a poco iremos logrando una acción conjunta entre la seguridad privada y la pública para responder a la demanda de los vecinos", concluyó.
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